Convertir la educación estatal en educación pública

Uno de los principales aprendizajes que nos debería haber dejado el siglo XX es que estatal no es necesariamente sinónimo de público. Los grandes modelos autoritarios (no sólo los de izquierda) apelaron a la estatización de diversos recursos y empresas en nombre del interés público equiparando lo estatal con lo colectivo, con aquéllo que es de todos y esto simplemente no fue así. Por ejemplo, los regímenes llamados socialistas estatizaron los medios de producción a efectos de "volver la tortilla" y cambiar la explotación del hombre por el hombre por todo lo contrario: la explotación del hombre por el hombre, con la gran diferencia de que en este segundo caso, el hombre explotador estaba escondido detrás de la maquinaria estatal que terminó sirviendo al interés particular de quienes la controlaban.

Lo anterior sólo nos recuerda que lo estatal puede no servir el interés público y que, por el contrario, puede perfectamente terminar tan privatizado o corporativizado como cualquier otra acción que busque servir intereses particulares.

Esta realidad sugiere también que su opuesto (servir el interés público a partir de la acción de agentes no estatales o privados) es posible.  En efecto, la realidad tiene innumerables ejemplos de esta situación. El ejemplo más conocido corresponde a la radio y televisión pública europeas de la época del estado del bienestar, siendo la BBC el ejemplo emblemático. BBC ha operado como una institución financiada por los contribuyentes, pero gestionada por actores civiles independientes de la gestión gubernamental y con claros objetivos públicos (consultar la información clave aquí).

Uno de los problemas centrales de la educación pública radica justamente en la incapacidad gubernamental para gestionar la educación. Salvo muy pocas excepciones, la educación estatal sirve muy precariamente, si acaso, el interés público y, en algunos casos, sólo opera respondiendo al interés corporativo del gremio, o del partido o banda que controla el gremio (como en el penoso caso que México está enfrentando hoy gracias al Pacto por México). En el caso peruano, resulta interesante recordar que la mejor educación pública no es gestionada por el Estado, es financiada con recursos públicos, pero gestionada en convenio por un actor no estatal: Fe y Alegría.

Esta realidad nos sugiere que es necesario repensar el rol estatal en la educación. Probablemente todos coincidamos en que el Estado debe ser, en primerísimo lugar, un garante del derecho a la educación, pero no hay razón para asumir que esto ha de traducirse en gestionar escuelas o en ser el monopsonio de la contratación de maestros. La garantía del derecho supone diversas funciones como las de fijar objetivos y metas nacionales, supervisar el progreso hacia los mismos, canalizar los recursos públicos, definir reglas de juego (un marco legal e institucional) que habiliten a los actores, etc. Algunas de estas funciones son mejor desarrolladas justamente cuando se separan de la gestión a efectos de evitar que el gobierno se termine supervisando a sí mismo. Por lo mismo, es que resulta no sólo posible sino también deseable explorar opciones que limiten la gestión gubernamental de la educación (salvo en las localidades donde no exista otra opción), dando mayores responsabilidades a la propia sociedad civil y sus organizaciones. A fin de cuentas, la educación de los niños es una responsabilidad de los padres y no del famoso "Papá Gobierno" dador de prebendas.

Universidades, empresas, asociaciones civiles, religiosas, comunales, organizaciones no gubernamentales, pueden asumir responsabilidades de gestión sobre las escuelas. De hecho, el descalabro de la educación estatal peruana ya ha llevado a una multiplicidad de iniciativas que representan un espectacular ejercicio de responsabilidad social y de compromiso colectivo con la educación.

Ahora bien, las organizaciones civiles no están exentas de problemas y justamente ahí es donde se torna evidente la tarea gubernamental de supervisar de modo independiente a los actores que gestionan la educación. Las agencias públicas actualmente existentes pueden reconvertirse en agencias que otorguen licencias (renovables mediante procesos de supervisión y evaluación) para gestionar escuelas y contratar maestros; que fije normas que garanticen que las escuelas contraten docentes competentes (y no a familiares o allegados), etc. Este es un camino que resulta más prometedor que tratar de disponer (sin éxito) qué es lo que se supone deben hacer los actores educativos, y es más prometedor, por que puede descansar en una multiplicidad de actores y no en la inoperante maquinaria burocrática. Al mismo tiempo, supone entender que el carácter de utilidad pública de la educación no se limita a lo que el propio Estado gestiona, sino a toda la educación y esto es particularmente importante dado el crecimiento de la oferta privada de servicios educativos.

Mantener una educación estatal deficiente justamente sirve como una forma de incentivar a las familias (como ha venido pasando en la última década) a buscar otras opciones y, lamentablemente, hay una fracción importante de oferta privada de muy mala calidad. Por otra parte, optar por una educación privada supone que las familias tengan que pagar dos veces por el servicio educativo (al Estado a través de los tributos, y al actor privado que le brinda el servicio) lo que no es precisamente muy justo aunque usualmente no se perciba por que se confunde gratuidad en el punto de entrega, con asumir que los servicios públicos son gratuitos (lo que nunca es el caso).

En este contexto, desestatizar la educación es una opción clave para volverla realmente pública.