Esta interpretación puede ser explicada por
diversos factores entre los que quiero destacar dos que me preocupan
particularmente: (i) un problema fundamental de comprensión de lectura; y (ii)
un problema de comunicación generada por la ideología como restricción
individual y/o colectiva. En efecto, no hay forma de deducir del texto (si uno
lee sin prejuicios) que la gestión no estatal de la educación pública es
equivalente a educación privada pagada. Si alguien no está convencido de ello,
que le dé una mirada a Fe y
Alegría o a otros millones de
experiencias de ese tipo.
En cualquier caso, para que las
cosas queden aún más claras, en este post sí he de referirme exclusivamente a
la educación privada.
Lo primero que quiero decir es
algo que podría parecer obvio y es que dicha educación existe y ha existido por
un período de tiempo muy prolongado. Esto, a su vez, se ha dado en un contexto
en el que la educación no es el único derecho que las personas ejercen apelando
a la provisión privada de servicios: lo mismo sucede en la salud e incluso en
la seguridad (asociadas a la incapacidad estatal para proveer un servicio de
calidad a todos). Este último caso me parece particularmente complejo pues
puede cuestionar el monopolio de la fuerza legítima que detenta el Estado,
mermando el elemento más importante de su existencia.
La provisión de servicios educativos
privados no sólo ha crecido al amparo de la inoperancia de la provisión
estatal, también ha obedecido a otro tipo de razones: (i) búsqueda de segregación
social (gremios, colectivos religiosos, grupos locales de origen, comunidades
idiomático-culturales); (ii) la libre opción de cierto tipo de educación donde
un caso típico se da en sociedades laicas: la libre opción es planteada como
derecho por los interesados en que sus hijos reciban una formación religiosa
optando por escuelas privadas.
El primer tipo de motivos, optar
por la educación privada ante la inoperancia de la educación estatal, no
debería llamarnos la atención. La gente tiene derecho a reaccionar de esta
forma y no hay motivo por el cual cuestionar una opción abrazada por la gran
mayoría de las personas en lugares tan distantes como New Delhi o Lima. El
único problema de esta opción es que, dadas determinadas condiciones de
financiamiento, sólo la tienen aquéllos que pueden pagar por ella. La opción en
sí no es un problema, el que no sea una opción universal sí lo es. Esto, por
tanto, lleva a la discusión presente en muchas latitudes acerca de si el Estado
debería destinar recursos públicos también a la educación de aquéllos que
optan por una educación no estatal: ésta es la razón de ser de los esquemas de vouchers (o de educación privada subvencionada) que
se ha implantado en diversas partes del mundo. Cuando estos esquemas no existen,
las personas terminan pagando dos veces por el servicio (mediante impuestos y
mediante el pago directo al proveedor privado) y los pobres tienden a ser condenados a
una educación estatal inoperante.
El segundo tipo de motivos (la
búsqueda de segregación) pertenece a la lógica de reproducción de las
comunidades pequeñas y; por supuesto, conlleva el riesgo de evolucionar como
discriminación. Esto no es algo saludable para ninguna sociedad y, por esta
razón, se introduce provisiones legales que buscan evitar la discriminación;
algunos promueven educación en diferentes tradiciones culturales (como es el
caso de Singapur donde se identifica a tres grupos culturales: chino, malayo e indio)
mientras que otros buscan que todos reciban la misma educación (por ejemplo
Francia). Conviene tener presente que la
discriminación por precio sigue vigente en la mayoría de los casos.
El tercer tipo de motivos ejemplifica
cómo un interés de reproducción de la comunidad se elabora como derecho: corresponde
al legítimo interés de los padres contar con una educación más acorde con sus
convicciones (éticas, morales, religiosas, o de otro tipo como la búsqueda de
una educación que brinde un mayor peso al arte, o un calendario escolar más
acorde con las necesidades familiares, etc.) y, al igual que en el primer caso,
el financiamiento público de dichas opciones no resulta un despropósito sino
todo lo contrario. Tal es el caso del subsidio estatal que reciben las familias
católicas en los Países Bajos de modo que puedan enviar a sus hijos a escuelas acorde
con sus creencias.
Ahora bien, hasta ahora no he
dicho una sola palabra acerca de las motivaciones que los agentes privados
pueden tener en la educación. De lo ya dicho se desprende algunas cosas (como
el interés en ofrecer una formación religiosa dada), pero esto no agota las
posibilidades ya que existe un universo adicional de razones posibles que incluye
la filantropía, la responsabilidad social y también la búsqueda de lucro.
Cuando la educación privada NO
busca el lucro, nadie parece espantarse con ella y, sin embargo en determinados
contextos, ésta igualmente implica un problema mayor: sólo tienen derecho a una
buena educación, los que pueden pagar por ella. Claro está que esto no es
responsabilidad privada, sino el resultado de la inoperancia estatal de donde
la necesidad real consiste en enfrentar los problemas de la educación estatal para
cumplir la función pública de asegurar una educación de calidad; una mala
educación estatal no sirve el interés público en lo absoluto.
Por otra parte, cuando la
educación privada sí incluye una finalidad lucrativa, se produce un debate muy
intenso. Sin embargo, ¿por qué nadie se espanta porque servicios de seguridad
sean provistos por empresas privadas que lucran con ello? ¿por qué nadie cuestiona
que médicos, clínicas, laboratorios y centros de imágenes lucren en el ámbito
de la salud? Creo que podría haber muchas más razones para preocuparse en estos
casos y, sin embargo, nadie parece reparar en ellas.
La pregunta que me parece fundamental (pues no es ideológica sino centrada en el propósito) es la siguiente: ¿es
la búsqueda de lucro necesariamente incompatible con el interés público? En
algunos casos me parece que la respuesta es claramente un sí. Por ejemplo, en casos
que abundan en Asia donde los docentes no cubren de modo suficiente los
contenidos curriculares de modo que los estudiantes (agobiados por exámenes y
presiones familiares vinculadas al éxito académico) se ven forzados a contratar
servicios privados de tutoría (ofrecidos mayormente, pero no exclusivamente, por
los mismos docentes –ver reportaje de CNN sobre Hong Kong). En otros casos, esto no me
resulta tan claro: por ejemplo, si una empresa ofrece buenos servicios
educativos, no discrimina en la admisión y cobra una pensión que es igual o
menor que la inversión estatal en educación. ¿dónde estaría el problema?
McKinsey 2010 |
Es
importante considerar que Barber es una figura intelectual y política
preocupada (desde el laborismo británico) por asegurar que el Estado delivers (“entregue”) los servicios que
debe brindar (es decir se trata de alguien que no llega a este tema desde una propuesta de liberalización
de los mercados). Esa fue justamente su responsabilidad bajo el gobierno de
Blair (jefe de la oficina de delivery
del gobierno). Hace pocos meses Barber brindó los fundamentos de esta
preocupación y propuesta en una entrevista hecha por BBC (véase la entrevista luego de este párrafo, por
cierto esta entrevista es una muestra de lo bueno que puede ser el periodismo
bajo una gestión no estatal al servicio público que es el caso de la BBC). También debería
consultarse el sitio web de la iniciativa encabezada por Barber (affordable learning).
Si bien aún está por verse cuál
es el resultado de un intento como éste, resulta muy significativo considerar
que hay personas y empresas que se plantean seriamente que los niños no pueden
esperar a que un inoperante sistema estatal se auto-reforme y que tienen
derecho a una buena educación.
Finalmente, iniciativas como ésta
suponen que el aparato estatal cumpla crecientemente roles de supervisión y
control que aseguren que la oferta privada brinde, efectivamente, una educación
de calidad. Hoy, el aparato estatal no sólo no cumple esa función con respecto
al sector privado (del que se desentiende), sino que no la cumple respecto de
sí mismo: no hay que olvidar que todo este debate se origina en la inoperancia
de la educación estatal. Si la educación estatal fuera pública (es decir,
asegurase el derecho de todos a una educación de calidad), el espacio para la
actividad privada se limitaría fundamentalmente a la atención de
aquéllos que buscan, en sus legítimos intentos por mantener sus tradiciones,
creencias o costumbres, una educación diferenciada.
(Gracias Juan Fernando Vega por los comentarios a un borrador incial de este texto y por el intercambio que sostenemos sobre éste y otros tópicos desde hace mucho, mucho tiempo)
(Gracias Juan Fernando Vega por los comentarios a un borrador incial de este texto y por el intercambio que sostenemos sobre éste y otros tópicos desde hace mucho, mucho tiempo)
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