Ahora sí sobre la educación privada (i)

Uno de los comentarios que he escuchado con relación a un post previo sobre la pertinencia de desestatizar la educación de modo que sirva realmente el interés público, es que dicho texto sólo era una defensa de la educación privada.

Esta interpretación puede ser explicada por diversos factores entre los que quiero destacar dos que me preocupan particularmente: (i) un problema fundamental de comprensión de lectura; y (ii) un problema de comunicación generada por la ideología como restricción individual y/o colectiva. En efecto, no hay forma de deducir del texto (si uno lee sin prejuicios) que la gestión no estatal de la educación pública es equivalente a educación privada pagada. Si alguien no está convencido de ello, que le dé una mirada a Fe y Alegría o a otros millones de experiencias de ese tipo.

En cualquier caso, para que las cosas queden aún más claras, en este post sí he de referirme exclusivamente a la educación privada.

Lo primero que quiero decir es algo que podría parecer obvio y es que dicha educación existe y ha existido por un período de tiempo muy prolongado. Esto, a su vez, se ha dado en un contexto en el que la educación no es el único derecho que las personas ejercen apelando a la provisión privada de servicios: lo mismo sucede en la salud e incluso en la seguridad (asociadas a la incapacidad estatal para proveer un servicio de calidad a todos). Este último caso me parece particularmente complejo pues puede cuestionar el monopolio de la fuerza legítima que detenta el Estado, mermando el elemento más importante de su existencia.

La provisión de servicios educativos privados no sólo ha crecido al amparo de la inoperancia de la provisión estatal, también ha obedecido a otro tipo de razones: (i) búsqueda de segregación social (gremios, colectivos religiosos, grupos locales de origen, comunidades idiomático-culturales); (ii) la libre opción de cierto tipo de educación donde un caso típico se da en sociedades laicas: la libre opción es planteada como derecho por los interesados en que sus hijos reciban una formación religiosa optando por escuelas privadas.

El primer tipo de motivos, optar por la educación privada ante la inoperancia de la educación estatal, no debería llamarnos la atención. La gente tiene derecho a reaccionar de esta forma y no hay motivo por el cual cuestionar una opción abrazada por la gran mayoría de las personas en lugares tan distantes como New Delhi o Lima. El único problema de esta opción es que, dadas determinadas condiciones de financiamiento, sólo la tienen aquéllos que pueden pagar por ella. La opción en sí no es un problema, el que no sea una opción universal sí lo es. Esto, por tanto, lleva a la discusión presente en muchas latitudes acerca de si el Estado debería destinar recursos públicos también a la educación de aquéllos que optan por una educación no estatal: ésta es la razón de ser de los esquemas de vouchers  (o de educación privada subvencionada) que se ha implantado en diversas partes del mundo. Cuando estos esquemas no existen, las personas terminan pagando dos veces por el servicio (mediante impuestos y mediante el pago directo al proveedor privado) y los pobres tienden a ser condenados a una educación estatal inoperante.

El segundo tipo de motivos (la búsqueda de segregación) pertenece a la lógica de reproducción de las comunidades pequeñas y; por supuesto, conlleva el riesgo de evolucionar como discriminación. Esto no es algo saludable para ninguna sociedad y, por esta razón, se introduce provisiones legales que buscan evitar la discriminación; algunos promueven educación en diferentes tradiciones culturales (como es el caso de Singapur donde se identifica a tres grupos culturales: chino, malayo e indio) mientras que otros buscan que todos reciban la misma educación (por ejemplo Francia). Conviene tener presente que  la discriminación por precio sigue vigente en la mayoría de los casos.

El tercer tipo de motivos ejemplifica cómo un interés de reproducción de la comunidad se elabora como derecho: corresponde al legítimo interés de los padres contar con una educación más acorde con sus convicciones (éticas, morales, religiosas, o de otro tipo como la búsqueda de una educación que brinde un mayor peso al arte, o un calendario escolar más acorde con las necesidades familiares, etc.) y, al igual que en el primer caso, el financiamiento público de dichas opciones no resulta un despropósito sino todo lo contrario. Tal es el caso del subsidio estatal que reciben las familias católicas en los Países Bajos de modo que puedan enviar a sus hijos a escuelas acorde con sus creencias.

Ahora bien, hasta ahora no he dicho una sola palabra acerca de las motivaciones que los agentes privados pueden tener en la educación. De lo ya dicho se desprende algunas cosas (como el interés en ofrecer una formación religiosa dada), pero esto no agota las posibilidades ya que existe un universo adicional de razones posibles que incluye la filantropía, la responsabilidad social y también la búsqueda de lucro.

Cuando la educación privada NO busca el lucro, nadie parece espantarse con ella y, sin embargo en determinados contextos, ésta igualmente implica un problema mayor: sólo tienen derecho a una buena educación, los que pueden pagar por ella. Claro está que esto no es responsabilidad privada, sino el resultado de la inoperancia estatal de donde la necesidad real consiste en enfrentar los problemas de la educación estatal para cumplir la función pública de asegurar una educación de calidad; una mala educación estatal no sirve el interés público en lo absoluto.

Por otra parte, cuando la educación privada sí incluye una finalidad lucrativa, se produce un debate muy intenso. Sin embargo, ¿por qué nadie se espanta porque servicios de seguridad sean provistos por empresas privadas que lucran con ello? ¿por qué nadie cuestiona que médicos, clínicas, laboratorios y centros de imágenes lucren en el ámbito de la salud? Creo que podría haber muchas más razones para preocuparse en estos casos y, sin embargo, nadie parece reparar en ellas.

La pregunta que me parece fundamental (pues no es ideológica sino centrada en el propósito) es la siguiente: ¿es la búsqueda de lucro necesariamente incompatible con el interés público? En algunos casos me parece que la respuesta es claramente un sí. Por ejemplo, en casos que abundan en Asia donde los docentes no cubren de modo suficiente los contenidos curriculares de modo que los estudiantes (agobiados por exámenes y presiones familiares vinculadas al éxito académico) se ven forzados a contratar servicios privados de tutoría (ofrecidos mayormente, pero no exclusivamente, por los mismos docentes –ver reportaje de CNN sobre Hong Kong). En otros casos, esto no me resulta tan claro: por ejemplo, si una empresa ofrece buenos servicios educativos, no discrimina en la admisión y cobra una pensión que es igual o menor que la inversión estatal en educación. ¿dónde estaría el problema?

McKinsey 2010

Algunos dirán que el problema radica en que ese tipo de empresa privada no existe y la verdad es que dicha afirmación es sólo parcialmente cierta: hay un número importante de experiencias de este tipo en diversas partes del mundo y algunos, inspirados por el autor de los dos muy influyentes informes de la consultora McKinsey (informe de 2007 y de 2010), Michael Barber, empiezan a gestar un movimiento de educación de calidad para poblaciones de bajos ingresos y rentable para quienes la ofrecen.

Es importante considerar que Barber es una figura intelectual y política preocupada (desde el laborismo británico) por asegurar que el Estado delivers (“entregue”) los servicios que debe brindar (es decir se trata de alguien que no llega a este tema desde una propuesta de liberalización de los mercados). Esa fue justamente su responsabilidad bajo el gobierno de Blair (jefe de la oficina de delivery del gobierno). Hace pocos meses Barber brindó los fundamentos de esta preocupación y propuesta en una entrevista hecha por BBC (véase la entrevista luego de este párrafo, por cierto esta entrevista es una muestra de lo bueno que puede ser el periodismo bajo una gestión no estatal al servicio público que es el caso de la BBC). También debería consultarse el sitio web de la iniciativa encabezada por Barber (affordable learning).

Si bien aún está por verse cuál es el resultado de un intento como éste, resulta muy significativo considerar que hay personas y empresas que se plantean seriamente que los niños no pueden esperar a que un inoperante sistema estatal se auto-reforme y que tienen derecho a una buena educación.

Finalmente, iniciativas como ésta suponen que el aparato estatal cumpla crecientemente roles de supervisión y control que aseguren que la oferta privada brinde, efectivamente, una educación de calidad. Hoy, el aparato estatal no sólo no cumple esa función con respecto al sector privado (del que se desentiende), sino que no la cumple respecto de sí mismo: no hay que olvidar que todo este debate se origina en la inoperancia de la educación estatal. Si la educación estatal fuera pública (es decir, asegurase el derecho de todos a una educación de calidad), el espacio para la actividad privada se limitaría fundamentalmente a la atención de aquéllos que buscan, en sus legítimos intentos por mantener sus tradiciones, creencias o costumbres, una educación diferenciada.

(Gracias Juan Fernando Vega por los comentarios a un borrador incial de este texto y por el intercambio que sostenemos sobre éste y otros tópicos desde hace mucho, mucho tiempo)